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Repercusión Internacional por los aportantes truchos

El diario español El País pone en su portada que "un escándalo de financiación irregular sacude el partido de Mauricio Macri" y en su interior en el desarrollo de la nota coloca la imagen de la gobernadora Vidal, señalando que la Justicia argentina investiga el sonado caso
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27/07/2018 00:00

Mauricio Macri arremetió con dureza contra las causas abiertas por corrupción al kirchnerismo en la campaña electoral que lo aupó como presidente en 2015 y en las elecciones legislativas de 2017. El discurso de transparencia con el que ha buscado diferenciarse de la gestión kirchnerista se tambalea ahora por un escándalo de supuesta financiación irregular de la coalición que lidera, Cambiemos. La Justicia investiga si la alianza política inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como donantes de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Mientras, el número de supuestos aportantes falsos no para de crecer y se extiende a todos los grandes partidos.

 

El caso estalló el mes pasado por una investigación periodística de Juan Amorín en el medio digital El Destape en la que revelaba 205 casos de personas de bajos ingresos y receptoras de planes sociales que figuraban como aportantes de fondos de la última campaña oficialista. Constaban como afiliados al Pro, el partido de Macri, y eran autores de pequeñas donaciones de entre 350 y 1.500 pesos (entre 12 y 54 dólares). Con el paso de las semanas la cifra de supuestos falsos donantes supera el millar e incluye también a candidatos de Cambiemos y empleados municipales que niegan haber desembolsado el dinero que se les atribuyó en la nómina presentada ante la Justicia electoral. La exdiputada socialista Margarita Stolbizer concurrió este miércoles a los tribunales para pedir que sumen otros 150 nombres de ciudadanos argentinos involucrados en el escándalo.

 

La investigación golpea a una de las figuras mejor valoradas de Cambiemos, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La gobernadora ha expresado su absoluta disposición para colaborar con la Justicia, ha ordenado la apertura de una auditoría interna y la semana pasada exigió la renuncia de la titular de la Contaduría General de la provincia, Fernanda Inza, quien era la responsable de las finanzas del partido en 2017. Además, pide cambiar la ley de financiación de partidos para prohibir las donaciones en efectivo y se ha comprometido a sólo aceptar donaciones bancarizadas si vuelve a ser candidata en 2019.

 

Todos los días se suman casos nuevos de aportantes falsos, incluidos contra su voluntad. Pero los más sonados son los de intendentes del partido oficial que negaron haber puesto un centavo para financiar la campaña electoral  y mucho menos con las cifras que maneja los informes. Incluso dieron la cara y se presentaron en distintos programas televisivos inclusive en el oficialista de TN

 

En su última rueda de prensa, Macri usó la misma estrategia defensiva. "Seguiremos aportando datos a la Justicia y haremos una auditoria. Además, hemos propuesto una ley de financiamiento de la política para que se bancaricen los aportes", señaló Macri el 18 de julio en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de la capital.

 

Una práctica generalizada

"Los problemas no son los vacíos de la ley, es el incumplimiento. Critiqué mucho al gobierno anterior, pero estos hacen los mismo", dijo Stolbizer este miércoles en declaraciones radiales. La política opositora acusó a los dirigentes macristas de hipócritas al destacar que recibieron más de 40 millones de pesos, casi 1,4 millones de dólares, en efectivo en la última campaña. "Los que gobiernan hoy prometieron que eran distintos”, reiteró la política opositora.

 

Numerosos partidos políticos argentinos han sido acusados de lavado hormiga, es decir, el uso de miles de personas con pequeñas donaciones para evitar ser detectados por la Justicia. Según publicó el diario La Nación este domingo, Cambiemos, el kirchnerista Frente para la Victoria y el peronista Frente Renovador recurrieron a esta práctica ilegal en las elecciones de 2015 y 2017. En total, el periódico habla de unos 7.000 aportantes falsos entre las tres fuerzas políticas. El caso de Cambiemos es por ahora el más avanzado y a nadie hace tanto daño como a Macri el mensaje de "todos son iguales".

 

A pedido del fiscal Jorge di Lello, el Ministerio de Desarrollo Social acaba de confirmar que de los 205 primeros casos denunciados como donaciones dudosas, 153 de los inscritos se benefician o se beneficiaron de planes estatales. Muchos de esos falsos aportantes residen en Villa Itatí, una de las villas miseria bonaerenses más pobladas, sin los servicios básicos garantizados y no están en condiciones de asumir el gasto de una contribución electoral.

 

"Empecé a averiguar por otras vías en otros lugares y empezaron a aparecer casos similares. Ahí vi que era una cosa sistémica, no algo puntual en un único lugar", dice por teléfono la senadora kirchnerista María Teresa García, autora de la primera denuncia judicial. Además de beneficiarios sociales, aportó nombres de candidatos de Cambiemos en municipios que niegan haber financiado la campaña del partido con montos de entre 10.000 y 50.000 pesos (entre 370 y 1785 dólares). García denunció a Vidal y a los responsables políticos y financieros de la campaña por supuesto delito de falseamiento de documento público y pidió que se investigue también la supuesta comisión del delito de lavado de dinero. "La pregunta del millón es cuál es el origen de esa plata. Si la plata no la puso ni la gente con planes, ni los candidatos, quién la puso. Eso lo tiene que decir la gobernadora", subrayó.

 Aportantes Cambiemos

La senadora opositora señaló que los casos de supuestos falsos aportantes en la campaña kirchnerista están bajo investigación judicial y declaró que si bien es partidaria de mejorar la ley de financiación de partidos actual, la misma ya es muy clara respecto a la necesidad de que todas las donaciones identifiquen con claridad al donante.

 

La causa complica al Gobierno en uno de sus momentos de mayor debilidad política, debido al deterioro de la economía que obligó a pedir un rescate al FMI. Pero desde el Ejecutivo insisten en que no tienen nada que ocultar e instan a esperar el resultado de la investigación judicial.

 



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